La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) recibió 170 553 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) entre enero de 2015 y diciembre de 2025. Los envíos provinieron de sujetos obligados y de organismos supervisores, de acuerdo con información estadística de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Estos reportes se refieren a operaciones con características inusuales, que no tienen un fundamento económico o lícito aparente, o que podrían estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La minería ilegal destaca entre los casos. Según la UIF-Perú, entre enero de 2015 y septiembre de 2025 llegaron más de 5700 ROS vinculados con esta actividad, por un monto que supera los US$ 22 800 millones. Con ello, se ubica como el tercer delito más reportado por número de casos y el segundo por monto.
Este dato muestra que el riesgo también aparece en actividades que forman parte de cadenas comerciales que, a simple vista, parecen legítimas.
Para Vicente Cruz, CEO de Sheriff, la cifra demuestra que conocer a los socios comerciales ya no es una formalidad, sino una tarea que exige identificar y gestionar riesgos de manera permanente.
Frente a este panorama, las empresas pueden reforzar sus procesos de debida diligencia antes y durante una relación comercial. Entre los aspectos a revisar figuran la identidad de representantes, apoderados y beneficiarios finales; los antecedentes legales, como procesos judiciales y sanciones; la situación financiera de la contraparte, incluidas sus obligaciones y su comportamiento de pago; y posibles alertas de cumplimiento y reputación, como vínculos con lavado de activos, actividades ilícitas o noticias adversas.
La SBS indica que los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo incluyen medidas de debida diligencia para conocer a clientes, directores, trabajadores, proveedores y contrapartes. Una de ellas es identificar al beneficiario final, es decir, la persona natural que posee o ejerce el control efectivo de una organización. Esto permite complementar la información registral y saber quién está realmente detrás de una empresa.
En el caso de las empresas, la gestión de cumplimiento (compliance) supone dejar atrás la revisión única y adoptar un proceso continuo. Durante una relación comercial, una contraparte puede cambiar de representantes, de situación financiera, de estructura societaria o de exposición a ciertos riesgos. Por eso, actualizar la información de forma periódica ayuda a detectar cambios que podrían requerir una nueva evaluación.
Cruz sostuvo además que el aumento de reportes evidencia que este tema ya no corresponde solo al sistema financiero, sino a cualquier empresa que quiera tomar decisiones con datos.
170,000 reportes en una década muestran algo simple: conocer con quién haces negocios dejó de ser un trámite. No basta revisar una vez, hay que identificar y gestionar riesgos de forma permanente
Vicente Cruz, CEO de Sheriff
El alza de reportes muestra que esto ya no es solo del sistema financiero: para cualquier empresa, contrastar información y poner alertas es decidir con datos y no a ciegas
Vicente Cruz, CEO de Sheriff
