La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York formuló el jueves 8 de octubre una nueva acusación contra el derrocado líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Les imputa el delito de conspiración para cometer tortura contra opositores políticos y ciudadanos estadounidenses que estuvieron detenidos en Venezuela.
Según el documento judicial, de 30 páginas, los acusados habrían organizado y dirigido durante más de 20 años un aparato de represión estatal violenta. Su objetivo, sostiene la fiscalía, era acallar a la disidencia, intimidar a la población y mantener el control político con el apoyo de fuerzas de seguridad, del sistema judicial y de organizaciones criminales.
El director del FBI, Kash Patel, afirmó en una declaración pública que más de una docena de estadounidenses fueron torturados mientras estaban bajo custodia del Gobierno venezolano.
Métodos descritos en la acusación
El expediente señala que la violencia física y psicológica contra los presos fue sistemática. Entre los métodos que menciona figuran descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo, incluidos los genitales; ahogamientos simulados; golpes con puños, cinturones y tubos; asfixia con bolsas plásticas y suspensión del cuerpo por manos y pies hasta la pérdida del conocimiento.
La acusación también describe violación con objetos, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de agua y comida, e inyección forzada de sustancias que provocaron convulsiones. A ello se suman amenazas de muerte y de agresiones contra familiares de los detenidos, incluidos niños.
De acuerdo con una comparación hecha por CNN, estos patrones coinciden con las denuncias que documentó la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas.
Los casos de estadounidenses
El texto recoge el testimonio de varios ciudadanos estadounidenses identificados como Víctima-7, Víctima-8 y Víctima-9. La primera fue capturada en enero de 2022 al entrar a Venezuela y pasó ocho meses y medio en la prisión de Boleíta Norte, donde habría sufrido descargas eléctricas, asfixia, golpizas e inyecciones forzadas. Según un informe de The New York Times, el relato coincide con la detención que denunció públicamente el estadounidense Osman Khan.
La Víctima-8 fue atacada en agosto de 2023 cuando viajaba a visitar a su familia y sufrió lesiones graves en la espalda. Luego fue llevada en ambulancia a una sede policial con un arma en la boca y recibió electrocuciones durante el trayecto. La Víctima-9, arrestada en enero de 2025, permaneció encapuchada y fue golpeada en el rostro durante 48 horas, lo que le dejó una lesión permanente en un ojo.
Opositores, militares y ejecutivos de Citgo
La acusación incluye agresiones contra dirigentes políticos y militares venezolanos. Entre ellos está Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, a quien se habría sometido a privación del sueño y aislamiento por órdenes directas. También figura un militar identificado como Víctima-2, quien en 2013 habría sido trasladado por agentes de la DGCIM a un campamento de las FARC en Colombia, tras recibir descargas eléctricas y torturas de ahogamiento.
El documento menciona además a ejecutivos petroleros de Citgo retenidos entre 2017 y 2022, que según la fiscalía fueron usados como herramienta de presión política en negociaciones con Estados Unidos.
El papel atribuido a Maduro y Flores
La fiscalía coloca a ambos en la cima de la estructura. Según el escrito, Maduro ordenó detenciones ilegales, recibía reportes periódicos de los interrogatorios y autorizó o sugirió técnicas específicas de tortura cuando los presos se negaban a hablar. El expediente le atribuye la frase: "Qué podemos hacer para que hablen".
A Cilia Flores se la acusa de contribuir al desarrollo del sistema represivo y de ordenar torturas contra personas específicas para proteger actividades ilícitas de sus familiares.
La acusación sostiene que en la red participaban altos funcionarios identificados como CC-1, CC-2 y CC-3, quienes supervisaban centros de detención como Boleíta Norte y Ramo Verde, ordenaron homicidios y amenazaron con matar a hijos de detenidos. También afirma que el Poder Judicial fue usado para encarcelar disidentes e inhabilitar opositores: en 2022, cuando una jueza se negó en un inicio a bloquear candidaturas opositoras, la DGCIM detuvo y torturó a sus familiares hasta que cedió.
Situación judicial
Maduro y Flores fueron detenidos el 3 de enero de 2026 en una operación militar de Estados Unidos y trasladados a Nueva York. Allí ya enfrentaban cargos por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de guerra.
La defensa rechazó las nuevas imputaciones del Departamento de Justicia. Barry Pollack, abogado de Maduro, señaló que su cliente niega los cargos y espera su día en la corte.
El juicio comenzará el 1 de junio de 2027 ante el juez Alvin K. Hellerstein, quien este jueves rechazó un pedido de libertad condicional presentado por la defensa de Cilia Flores.
El régimen de Maduro sometió a más de una docena de estadounidenses a tortura mientras estaban bajo la custodia del gobierno venezolano
Kash Patel, director del FBI
drogas, electrocución, agresión sexual y más
Kash Patel, director del FBI, sobre las agresiones denunciadas
Qué podemos hacer para que hablen
Nicolás Maduro, según el expediente de los fiscales federales
El presidente Maduro niega los cargos de la nueva acusación y espera con interés su día en la corte
Barry Pollack, abogado defensor de Nicolás Maduro
