La informalidad laboral alcanza su nivel más crítico en cuatro regiones del Perú: en Cajamarca, Puno, Apurímac y Amazonas, nueve de cada 10 trabajadores laboran sin beneficios formales. El dato plantea un desafío para las autoridades que saldrán de las elecciones regionales del 4 de octubre.
A nivel nacional, siete de cada 10 trabajadores están en la informalidad. Esto significa que no reciben gratificaciones, vacaciones ni compensación por tiempo de servicios (CTS). En total, son 12 millones de peruanos en esta situación.
Las nuevas autoridades regionales y locales deberán crear condiciones para que los negocios se formalicen y, con ello, los trabajadores accedan a beneficios laborales.
Paola Herrera, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), explicó que en estas regiones aún predominan actividades tradicionales y de baja productividad, principalmente el agro. En contraste, señaló que regiones de la costa como Lima, Moquegua y Arequipa registran menor informalidad y empleo de mejor calidad tras recibir mucha inversión privada.
Cajamarca ilustra el problema: más de la mitad de sus trabajadores se dedica a la agricultura tradicional y de subsistencia. Cuando una actividad produce poco y genera escasos ingresos, su formalización se vuelve más difícil. De acuerdo con el IPE, un trabajador formal produce, en promedio, seis veces más que uno informal.
Herrera describió la situación como un círculo vicioso, en el que la baja productividad se suma a brechas educativas, de capacidades e infraestructura que alimentan la informalidad y limitan el acceso a mejores empleos.
En el campo, además, producir ya resulta caro. El reto no es solo pedir al trabajador que se formalice, sino lograr que su actividad sea rentable. Para ello se requiere mejorar la productividad, contar con riego y tecnología, tener mejores vías para sacar la producción y acceder a mercados.
Anaximandro Rojas, presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), sostuvo que la pequeña agricultura no tiene rentabilidad por sus altos costos de producción, agravados por el alza del diésel y los fertilizantes. También mencionó la falta de servicios básicos y de buenas carreteras, y afirmó que muchas veces el intermediario gana más que el productor.
Rojas indicó que dar mayor valor a la producción agrícola es responsabilidad de los gobiernos regionales y municipalidades. Recordó que el Gobierno Nacional les transfirió funciones como la titulación de tierras y su saneamiento físico legal, pero que no cuentan con presupuesto suficiente. Añadió que deben impulsarse proyectos de riego y de valor agregado.
Para Herrera, las autoridades subnacionales tienen una gran responsabilidad en elevar la productividad y competitividad de sus regiones, ya que servicios como agua, desagüe, electricidad e internet dependen en buena medida de sus obras. Precisó que en muchas regiones los gobiernos regionales y municipalidades administran más del 60 % del presupuesto público que recibe toda la región.
Así, el desafío para los próximos gobernadores y alcaldes será avanzar en el cierre de brechas de infraestructura y en mejorar el entorno de negocios, para que la formalidad sea una posibilidad real para los trabajadores.
Es en realidad un círculo vicioso. La alta informalidad se vincula bastante con una baja productividad del trabajo, de la economía en general y de las empresas que componen una región.
Paola Herrera, economista del IPE
Te puedo decir que no tiene rentabilidad, porque los costos de producción son muy altos para la pequeña agricultura.
Anaximandro Rojas, presidente de Conveagro
Y muchas veces quien termina ganando más es el intermediario, mientras que el productor no recibe esos beneficios.
Anaximandro Rojas, presidente de Conveagro
Hoy, en muchas regiones, los gobiernos regionales y las municipalidades administran más del 60 % del presupuesto público que recibe toda la región.
Paola Herrera, economista del IPE
